El plazo de pago a proveedores de las CCAA se reduce a 33,7 días en mayo

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) de los meses de abril y mayo para el conjunto de las Comunidades Autónomas se ha situado en 35,42 y 33,70 días, respectivamente, los primeros meses en los que se aplica la nueva metodología de cálculo, según ha informado este martes el Ministerio de Hacienda. Respecto al período medio de pago a proveedores de la Administración Central, en el mes de abril dicho período fue de 48,45 días, mientras que en mayo el dato fue de 46,95 días.
En cuanto a la Seguridad Social, el período medio de pago en abril ascendió a 21,90 días y en mayo se cifra en 25,20 días, calculados con la nueva metodología. En cuanto a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentaron un periodo medio de pago a proveedores de 64,59 días en abril de 2018 y 60,26 días en el mes de mayo. Respecto a la composición del PMP en el mes de mayo en las comunidades autónomas, que disminuyó en 1,72 días, hasta los 33,7 días, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 30,06 días, y la de operaciones pendientes de pago en 38,21 días.
Las regiones que presentaron un PMP menor fueron Galicia (13,15 días), Andalucía (20,17), Madrid (20,96), País Vasco (20,29) y Canarias (21,79), a las que les siguieron Navarra (25,53), Castilla y León (27,05%), Asturias (28,15), Islas Baleares (29,86), y ya por encima del límite de 30 días, Castilla-La Mancha (31,09), Murcia (34,69) y Cantabria (35,65).
A continuación, le siguieron La Rioja (37,75 días), Aragón (37,95), Extremadura (42,66), Cataluña (45,9) y Comunidad Valencia, que con 47,07 días es la región que más tarda en pagar a sus proveedores. Nueva metodología Hacienda explica que la metodología aplicada hasta el pasado marzo ha sido la establecida un decreto que calculaba el periodo medio de pago desde los treinta días naturales posteriores a la entrada de la factura en el registro o desde la aprobación de la certificación de obra hasta el momento del pago o el último día del periodo al que se refieran los datos.
El plazo de 30 días contemplado era el plazo máximo previsto legalmente para que las administraciones públicas verificasen las entregas de bienes o prestaciones de servicios con lo dispuesto en el contrato. En cumplimiento de la normativa comunitaria, en diciembre de 2017 se aprobó la norma que actualiza la metodología, de manera que el cálculo del periodo medio de pago se inicia desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra, de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados o la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, en dos supuestos.
Estos son que, o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados, o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. Según Hacienda, si no se hubiera producido el cambio metodológico, de acuerdo con las estimaciones y la información facilitada por las CCAA, el PMP calculado conforme la metodología anterior habría experimentado un descenso con respecto a los datos de marzo, y habría sido de 14,47 días en abril y de 12,85 días en mayo. El Ministerio señala que no se ha producido un incremento real en los plazos de pago a proveedores, sino un cambio metodológico en el cálculo del PMP.
(El País, 01-08-2018)